Inclusión laboral en personas con discapacidad: la deuda del Estado

  • Una indicación sustitutiva a la regla busca que las entidades públicas y empresas privadas con más de 200 trabajadores incluyan en su planta a empleados de estas características para respetar y mejorar sus derechos.

Por Felipe Valdivia.

“Queremos que la integración sea un derecho y una realidad cotidiana (…) este es un proyecto que abre espacio a la justicia. Con él, estamos introduciendo en las políticas públicas un elemento de equidad para las personas con discapacidad. Estamos reconociendo un derecho y dando oportunidades allí donde hasta ahora solo ha habido espacio para la marginación, o bien para la mera caridad o buena voluntad”.

Estas palabras corresponden a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y las pronunció el pasado mes de julio cuando firmó una indicación sustitutiva al Proyecto de Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad.

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Dicha normativa (20.422) fue dictada en el año 2010 y en ella se “establecen normas de igualdad de oportunidades e inclusión social” a favor de los discapacitados. Viene a reemplazar la ley 19.284 del año 1994, la que por esos años buscaba difundir y sensibilizar a la opinión pública en torno a esta materia.

Si bien es cierto que la promulgación de esa ley ayudó a avanzar muchísimo, con el paso del tiempo las medidas no pudieron abarcar otras justas demandas que pasaban por distintas carencias detectadas.

Uno de los flancos abiertos que –hasta el día de hoy– afecta a las personas con discapacidad es la situación laboral. O, más bien, la falta de oportunidades, cuyas cifras revelan una realidad vergonzosa.

Según el II Estudio Nacional de la Discapacidad, en Chile 20% de las personas de 18 años o más se encuentra en situación de discapacidad. Vale decir, 2.606.914 individuos se encuentran en este estado. De ellas, el 11,7% tiene discapacidad leve a moderada, mientras que el 8,3% presenta discapacidad severa. Pero hay más.

En términos laborales, los números son alarmantes. La mayoría de las personas está inactiva, registrando 57,2%, mientras que los desocupados representan el 3,6%; solo el 39,3% tiene empleo, de los cuales el 73,9% tiene contrato a plazo indefinido y el 26,1% tiene plazo fijo.

Más allá de lo llamativo de estas cifras, el dato concreto que debería importarnos como sociedad es que Chile en 2008 suscribió y ratificó un compromiso ante la Convención de la ONU, a través del cual nuestro país se comprometió a garantizar igualdad ante la ley de todos y todas.

En estricto rigor, la ratificación de esta convención, como instrumento jurídico vinculante, obliga al Estado a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad y, de esta forma, asegurar igualdad ante la ley. Hay algo más, tal vez en una dimensión más esencial: existe la obligación de adaptar los ordenamientos jurídicos para que las personas con discapacidad puedan hacer valer sus derechos.alejandro-hernandez-director-fnd

“En la práctica, los organismos públicos no están partiendo con el ejemplo. Esto es importante, porque es el Estado precisamente el que ha firmado las convenciones internacionales, por la integración de las personas con discapacidad. Se debe partir no desde un enfoque caritativo, sino que desde uno centrado netamente en los Derechos Humanos”, explica el presidente y director ejecutivo de la Fundación Nacional de Discapacitados, Alejandro Hernández.

Preocupaciones y recomendaciones de la ONU

La indicación sustitutiva firmada por Bachelet en julio pasado busca crear un Sistema de Inclusión Laboral para personas con discapacidad y obligaría a los organismos públicos, civiles y militares, y también a las grandes empresas privadas, con 200 o más trabajadores, a reservar un número no menor al 1% de su dotación para que sean empleados de estas características.

Asimismo, consagra el principio de no discriminación en el Estatuto Administrativo, prohibiendo explícitamente todo acto de discriminación que se traduzca en exclusiones basadas en motivos de discapacidad.

En el papel parecen indicaciones bastante obvias, especialmente si se toma en cuenta el nivel de conciencia que la sociedad chilena ha adoptado frente a diferentes temáticas durante los últimos años. Pero, en la práctica, este problema sigue presentándose para esas casi 3 millones de personas con discapacidad que no han podido encontrar trabajo.

Discriminación en selección laboral

Verónica Zambrano tiene 46 años y tuvo una parálisis cerebral que la obligó para siempre a utilizar muletas para poder caminar. Dice que ni en el colegio ni el Duoc –donde estudió la carrera de Relaciones Públicas– se sintió discriminada dada su condición, pero que al momento de salir a buscar trabajo experimentó aquel germen que, de vez en cuando, despierta en nuestra sociedad.

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“El tema de la discriminación es algo muy difícil y complejo al momento de encontrar trabajo y cuando a mí me tocó vivirla, me sentí no solo discriminada… fue humillante”, explica.

Nunca ejerció en su carrera. Más que su problema físico, le jugaron en contra –increíblemente– los estereotipos de mujeres que buscaban para el cargo: “Lo que pasa es que yo siempre supe que iba a ser más difícil, por razones obvias, pero nunca pensé que me iban a discriminar por no cumplir esos requisitos de belleza”, enfatiza.

Cuenta que tras titularse en el Duoc pudo conseguir algunos trabajos como telefonista y recepcionista, pero que con el paso del tiempo comenzó a entender de que no iba a poder escalar más laboralmente. Hoy es dueña de su propio negocio en Ecuador con Las Rejas, donde instaló un bazar llamado Zekehobbys.

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“Encontrar pega, para cualquiera es difícil, pero si uno tiene un punto en contra, se hace mucho más complejo. Esto no se trata de tener compasión, sino que de que escojan por la capacidad de la persona sin importar si es ciego o si está en silla de ruedas”, grafica.

En efecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU emitió sus recomendaciones al Gobierno, dentro de las cuales llama la atención la que expone en el apartado “Toma de conciencia”.

Ahí, el organismo internacional anota: “Al Comité le preocupa que los esfuerzos del Estado Parte para combatir los prejuicios y estereotipos negativos de las personas con discapacidad continúan siendo insuficientes, dada la existencia de campañas públicas como Teletón, receptora de fondos públicos, que refuerzan el modelo asistencialista hacia las personas con discapacidad”.

Y agrega: “El Comité alienta al Estado Parte a combatir los estereotipos y la discriminación en medios de comunicación e impulsar campañas públicas de promoción de las personas con discapacidad como sujetos de derechos humanos y no como objetos de caridad, asegurando que los fondos públicos no se utilizan para propósitos contrarios”.

El espíritu de la ley

Hay otro objetivo que busca conseguir la indicación sustitutiva: determinar el principio de equidad remuneracional, eliminando la posibilidad de que en el contrato de trabajo que se celebre con una persona con discapacidad se pueda estipular una remuneración sin respetar las normas sobre ingreso mínimo.

El II Estudio Nacional de la Discapacidad arroja cifras elocuentes en esta temática: el ingreso mensual promedio de la población adulta con discapacidad es 32% menor que el resto de los trabajadores.

Al respecto, el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, explica que “lo que establece el proyecto es que no puede haber un salario inferior para una persona con discapacidad mental al salario mínimo, consiguiendo equidad de trabajo respecto a otra persona que realiza el mismo trabajo”.

Sin duda, esa es una de las medidas arbitrarias que afectan diariamente a las personas con discapacidad. La normativa busca regularizar esta situación, al igual que la edad para que puedan trabajar.

En ese sentido, se fija en 26 años la edad límite para suscribir contrato de aprendizaje con personas con discapacidad, asimilándola a la edad de término de la educación especial.

Para Alejandro Hernández, esta situación va en la dirección equivocada, porque la situación de cesantía imperante en el país no diferencia los límites de edad y, por el contrario, la orientación es siempre incluir más que seguir colocando límites.

“No deberían haber límites de edades. Tenemos que ser capaces como país de integrar a las personas con discapacidad al trabajo, sin importar su edad. Basta con que tenga el espíritu y las ganas de trabajar a partir de los 18 años (…) nos da una pena tremenda y nos refleja que estas leyes no están en línea con las políticas internacionales en materia de discapacidad”, acota.

El Secretario de Estado comenta sobre este tema: “¿Por qué hasta los 26 años? Porque es la edad en que las personas en situación de discapacidad egresan de la educación especial. Entonces después de los 26 tampoco se le podría aplicar un salario inferior al mínimo”.

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Como sea, en la Fundación Nacional de Discapacidad subrayan en que las barreras presentes en el país para personas con discapacidad obedecen a la historia social que nos ha caracterizado.

“Somos un país tremendamente clasista, racista y discriminatorio en todo sentido. Creo que la ley y su falencia basal habla mucho de la idiosincrasia chilena, por lo tanto vamos a tener que trabajar muchísimo para que esa ley tenga la sintonía fina con el sentimiento ciudadano, cosa que no ha sido la tónica del Gobierno de Bachelet”, sintetiza Hernández.

El informe de la ONU de abril pasado también lo sintetiza: “Al Comité le preocupan los pocos avances en la implementación de la ley 20.422 relativa a las disposiciones para apoyar a personas con discapacidad a vivir independientemente, pues carecen de sistemas de apoyos en la comunidad, lo cual las obliga a ingresar en instituciones o vivir en condiciones de indigencia; asimismo le preocupa la ausencia de un plan para la desinstitucionalización de personas con discapacidad y su transición hacia una vida de inclusión comunitaria”.

El ministro Barraza subraya: “este es un proyecto anhelado por las personas con discapacidad a nivel nacional y por años. Es un esfuerzo que han desplegado parlamentarios de diferentes sectores políticos, y hoy se cristaliza en una iniciativa que nos va a permitir contribuir a que más personas con discapacidad tengan oportunidades laborales efectivas para que puedan tener mejor autoestima y autonomía, además de real y efectiva inclusión laboral”.

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Alejandro Hernández, en tanto, valora la iniciativa legislativa, pero recalca en la necesidad de conocer las políticas públicas no solo en lo inmediato, sino que en un plazo de 20 años más: “la indicación sustitutiva es más que simbólica, va a tener efectos reales sobre la población (…) creo que es un buen punto de partida, pero queremos ver acciones. En lo personal creo que falta una visión más global y hacerlo inmediatamente, porque la situación es urgente. La carencia de las personas con discapacidad en Chile, tal vez sea una de las más elevadas a nivel latinoamericano”.

En suma, la situación laboral de las personas con discapacidad radica en una responsabilidad esencial del Estado, cuya deuda se ha extendido durante muchos años. Efectos mediáticos como maratones de televisión y festivales de grandes marcas parece ser solamente una excusa para cubrir apenas una parte del tremendo problema que viene arrastrándose durante varios años.

Y en ese sentido la ONU tiene razón al afirmar que es deber del Estado hacerse cargo y otorgarle la importancia a esta temática y, por cierto, abordarlo desde la perspectiva de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad.



Categorías:Chile País Generoso

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