Luis Larraín Stieb: “Creo que lo más exitoso ha sido la aprobación de la Unión Civil”

Por Paz Crovetto.

Al hablar de Unión Civil la sociedad cree, a simple vista, que se relaciona exclusivamente con la  homosexualidad. Esto, considerando que Chile lleva poco tiempo luchando por dejar de ser una sociedad retrógrada, por lo que todavía tiene muy arraigada la cultura machista.

El art. 1º de la Ley Nº 20.830 sostiene que el acuerdo de unión civil “es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominarán convivientes civiles y serán considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil”.

Esta ley es un gran paso en materias de discriminación, ya que se aplica a parejas del mismo sexo. Asimismo, entrega protección en salud, patrimonio, derechos en caso de fallecimiento, pero lo más importante es que considera a los convivientes civiles como una familia, lo que genera un cambio de paradigma para la sociedad actual.

Comunidad LGBT y la legislación chilena

Tuvo que morir un joven inocente a manos de un grupo de neonazis en una brutal golpiza para que la gente tomara conciencia, también para que el gobierno tomara cartas en este asunto que no era nuevo. Recordemos que en ese entonces no se estaba haciendo nada al respecto.

Luis Larraín Stieb es un ingeniero civil 11753746_1608185902776457_1521683192891433423_nindustrial de la PUC, también es presidente ejecutivo de la fundación Iguales y activista LGBT. Su lucha para acabar con la discriminación ha sido ardua y sin treguas, porque son pocas las personas que se dedican a transformar su país en un lugar mejor.

Al entrevistarlo, sus respuestas dejan en el aire una peculiar mezcla entre experiencias e ideas, se nota que ha adoptado un rol público, una responsabilidad para las minorías que viven más de cerca el miedo en Chile.

—Con la creación de la Ley Zamudio se buscaba aumentar las penas contra delitos basados en la discriminación. Sin embargo, han seguido ocurriendo con el correr de los años. Desde tu punto de vista, ¿habría que hacer cambios que tiendan a seguir incrementando las penas?
—No creo que haya que aumentar las penas, menos cuando la motivación de un crimen sea la pertenencia de la víctima a alguna de las categorías sospechosas de discriminación. Las cárceles en Chile no son espacios de aprendizaje ni de rehabilitación, sino todo lo contrario: de violación de los derechos humanos y de enseñanza delictual. Lo principal acá no es castigar la discriminación, sino evitarla mediante acciones estatales que la erradiquen en espacios educacionales, culturales y públicos, también en medios de salud, deportes, etcétera. Para ello se requiere un órgano del estado central que lo haga, pero que lamentablemente hoy no existe. La ley solo dice que es rol del Estado, pero nunca menciona quién dentro del aparato estatal tiene ese mandato.

—¿El Acuerdo de Unión Civil es un triunfo en materias legales para la población LGBT?
—Sí, porque el Estado de Chile reconoce por primera vez que dos personas del mismo sexo, que viven en pareja, también constituyen una familia, que merece estar protegida en lo material y también en las decisiones de vida o muerte. Sin embargo, no consagra una igualdad plena porque hay beneficios conyugales que no contempla, dejando afuera la filiación y junto con eso a los hijos de dos padres o madres desprotegidos.

—¿En qué está la materia sobre la adopción de niños para parejas del mismo sexo?
—El año pasado se estaba discutiendo en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que buscaba modificar el sistema de adopción. La diputada Cicardini y el diputado Farías presentaron indicaciones que permitían que las parejas que contrajeron la unión civil, independiente del sexo, estuvieran entre quienes pudieran adoptar hijos, lo que era lógico. Hoy mismo, quienes tienen alguno de los antiguos estados civiles pueden hacerlo y solo quienes tengan el nuevo estado civil de convivientes civiles no pueden. Además de ser discriminatorio, me parece un poco absurdo, porque nos impulsaría a terminar la unión civil para volver a ser solteros, pudiendo recién acceder a la adopción. Nos llamaron para exponer nuestra postura, pero luego la comisión decidió pausar el proyecto mientras se tramitaba el marco de garantías de la infancia, con el cual debía ser coherente el nuevo sistema de adopción. Estamos a la espera de que la adopción vuelva a ponerse en agenda.

—Sectores de la Iglesia Católica y Evangélicas han trabado varias iniciativas legislativas que buscan generar mayores derechos a la población LGBT. ¿Encuentras peligroso la presencia e influencia de estos grupos en el debate nacional?
—No creo que sean solamente las iglesias las que traban nuestros avances, creo que también son los parlamentarios, los gobiernos y la falta de coordinación entre ambos quienes los entorpecen. La presencia e influencia de las iglesias no me parece mal. Por ejemplo, durante la dictadura de Pinochet, la Iglesia Católica cumplió un importante rol de defensa de los derechos humanos a través de la Vicaría de la Solidaridad. También hay iglesias cristianas anglicanas y luteranas que son tremendamente progresistas en lugares como el norte de Europa. Entonces, el problema no son las iglesias en general, sino que la mayoría de las iglesias chilenas son tremendamente retrógradas. Ponen la pureza sexual como el primer y gran valor, y tienen grandes armas para influir en los tomadores de decisión, quienes marcan a fuego esa tendencia, sobre todo en los colegios y universidades que dominan, que son las más prestigiosas incluso a nivel internacional en el caso de las iglesias católicas. Por otra parte, las iglesias evangélicas representan un importante porcentaje de la población en ciertos distritos electorales, principalmente en el sur de Chile, donde chantajean con no reelegir a sus representantes en caso de, por ejemplo, votar a favor de una determinada ley.

—Actualmente se encuentra una iniciativa de identidad de género en el Congreso, que lleva tres años durmiendo en el Parlamento. ¿Qué tipo de acciones van a ejercer si los parlamentarios llegan a aprobar el proyecto con las indicaciones realizadas por Allamand y van Rysselberghe?
—En realidad  lleva menos de la mitad de ese tiempo. El gran problema es que la Comisión de Derechos Humanos del Senado la ha estado viendo, pero de forma extremadamente lenta y accidentada, todo gracias a claras maniobras dilatorias que han hecho que se discutan y se voten las mismas cosas muchas veces o que se envíe a otra comisión, en la que está seis meses volviendo y luego regresa. O que se despacha para verse en la sala, pero inexplicablemente vuelve una y otra vez a la comisión para futuras modificaciones. Dudo mucho que se aprueben las indicaciones del senador Allamand o de la senadora Van Rysselberghe, porque ya se han presentado y votado en contra varias veces. Lo que nos da rabia es que no han sido capaces de aceptar dignamente que su posición es minoritaria, sino que buscan maniobras dilatorias para no legislar. Y para eso no les pagamos.

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La Fundación Iguales

 Esta Fundación nació el 6 de junio del año 2011, producto del trabajo mancomunado de Luis Larraín, Pablo Simonetti  y de Antonio Bascuñán. Su fin, la creación de una entidad que abogara por la igualdad de derechos de la comunidad LGBT para evitar la discriminación.

 —¿Cómo ha influido la Fundación Iguales en el tema de la inclusión sexual en Chile?
—Creo que hemos influido bastante. En lo legislativo, estuvimos involucrados en la aprobación de la Ley Antidiscriminación, y en la inclusión de las categorías de orientación sexual e identidad de género; en la Ley de Unión Civil, que está en el acta de nacimiento de nuestra organización, y que contribuimos a fortalecer desde una lógica meramente patrimonial a una de carácter familiar; en la discusión del proyecto que reconoce la identidad de género de las personas trans, que hemos acompañado desde el año 2013; y también en el matrimonio igualitario, para el cual elaboramos el proyecto de ley junto a la Facultad de Derecho de la Chile. También hemos capacitado a decenas de miles de personas en colegios, universidades, empresas, y diversos órganos estatales en todas las regiones de Chile y hemos visibilizado nuestra causa en los medios de comunicación y las redes sociales. En lo abstracto, te diría que hemos contribuido a que nuestras demandas sean cada vez más vistas como un anhelo de justicia, de amor y de sentido común, que sean comprendidas por la mayor parte de la población y no solo como un tema de nicho o de sectores políticos, como solía ocurrir antes.

—Como Fundación Iguales, ¿qué le pedirían al próximo Gobierno?
—Estos tres proyectos de ley son los intransables. Lo que no quede aprobado en este gobierno, será la agenda política primordial del próximo. Tal como en el año 2013, generaremos una propuesta junto a otras organizaciones de la diversidad sexual y buscaremos reunirnos con todos los candidatos presidenciales para dársela a conocer y buscar su adhesión. Siete de los nueve candidatos del 2013 estaban de acuerdo con el matrimonio igualitario, así que esperamos que nuevamente la mayoría de los candidatos lo haga el año 2017.

—Como activista, ¿consideras que han logrado ejercer presión a nivel de gobierno para generar cambios en materias de inclusión? ¿Están conformes con lo que este Gobierno ha hecho en la materia?
—Creo que en parte sí hemos ejercido presión, especialmente en período de campaña, cuando la presidenta Bachelet incluyó en su programa nuestras principales demandas: la unión civil, el reconocimiento de la identidad de género, el matrimonio igualitario y la modificación a la Ley Antidiscriminación. No así durante el gobierno. Posiblemente, lo más exitoso fue la aprobación de la unión civil. En marzo del año 2014, a días de asumido el nuevo gobierno, nos reunimos con los ministros Elizalde y Rincón para conversar sobre la agenda legislativa, y se acordó que la unión civil sería aprobada durante el primer año legislativo, y así fue. En cambio, las otras demandas han sido lentas, como ha pasado con el proyecto de identidad de género. El de matrimonio igualitario va a ser ingresado recién el último año de gobierno y para el de fortalecimiento a la Ley Antidiscriminación no hay siquiera una fecha tentativa.

Comunidad LGBT en la sociedad

La sociedad lentamente ha venido atestiguando que en verdad existen familias diferentes, algunas monoparentales, otras de padres del mismo sexo, niños cuidados por sus abuelos y un largo etcétera. Se va rompiendo de a poco el esquema “tradicional” de la familia conformada por padre y madre, en una sociedad muy arraigada en las tradiciones y con un sesgo machista importante, donde la población LGBT ha sido profundamente discriminada, al tiempo que ha aumentado de número, pese a que algunos esconden aún su condición.

—¿Crees que Chile ha tomado mayor conciencia sobre la discriminación que afecta a la población LGTB o sigue siendo un país que no ha aceptado esta realidad?
—Claro que sí, aunque esa conciencia todavía está incompleta. Casos como el asesinato de Daniel Zamudio o lo que le hizo el Estado a Karen Atala han remecido a los chilenos. La cobertura de prensa de las discusiones legislativas de los proyectos de ley ha servido mucho. Hay indicadores, como el del apoyo al matrimonio igualitario, que ha subido desde un 30% hasta cerca del 60% en estos últimos cinco años, lo que muestra el gran cambio cultural que está viviendo la sociedad. En este esquema también existen los pastores Soto, otros fanáticos religiosos, los parlamentarios ultraconservadores y los neonazis, que afortunadamente seguirán disminuyendo gracias al recambio poblacional, al aumento de la cobertura escolar, al desarrollo.

—¿Se están incluyendo preguntas sobre la condición sexual en el censo que se realizará el próximo año? ¿Revela realmente el número de población LGBT que existe a nivel nacional?
—La verdad es que en el censo del próximo año no se harán preguntas sobre diversidad sexual. Esto se anunció en mayo del año pasado por el INE. La primera vez que se preguntó por convivencia con pareja del mismo sexo fue en el año 2012. Sin embargo, como sabemos, esos datos no son representativos. Un censo o una encuesta nunca revelará fidedignamente cuántas personas LGBT hay, porque son diversas las razones para no revelarlo, como no haberlo asumido, tener dudas, la presencia de alguien más de la familia durante la encuesta, desconfianza hacia el encuestador, temor a que alguien que no lo sepa se entere, que haya alguna consecuencia negativa a causa de la verdad.