XV Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile cuestiona medidas antidelincuencia de algunos municipios

Por F.V.

En la mayoría de las encuestas realizadas a la ciudadanía sobre sus principales preocupaciones y de lo que le pedirían a los candidatos presidenciales, figura en primer lugar el tema de la delincuencia, caballito de batalla de los diferentes sectores políticos, particularmente de la derecha.

Sea cierto o no esta realidad, si las cifras están manipuladas poco importa; lo concreto es que distintos alcaldes de Chile Vamos han hecho suya “la lucha” y han abanderizado el combate contra los delincuentes como uno de sus principales estandartes para captar más votos.

Es por esto que cada vez es más comun que municipios tales como Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Providencia impulsen medidas para enfrentar la problemática como drones o globos de televigilancia para resguardar la seguridad.

Pero muchas veces estas iniciativas se encuentran al límite de la vulneración de la privacidad lo que por cierto ha sido criticado tanto por los vecinos afectados como por diversas organizaciones.

Estas inquietudes es lo que recoge el XV Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2017, desarrollado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en cuyo documento se registran los hechos ocurridos en la materia entre mediados de 2016 y mediados de 2017, periodo en el cual, precisamente, se implementaron varias de las iniciativas consideradas polémicas.

De hecho, por primera vez se incluye el tópico sobre privacidad y vigilancia en espacios públicos.

El informe revela que tanto los municipios como otras entidades públicas debieran abstenerse de seguir implementando sus sistemas de vigilancia a través de cámaras ubicadas en globos y drones “por ser actos ilegales y afectar desproporcionadamente la privacidad de las personas”.

En este sentido, el informe reconoce que en algunos casos el Estado podría hacer uso de la intromisión de la privacidad, pero que esas regulaciones serían admisibles en la medida en que se encuentren establecidas por ley “y que estén justificadas en una sociedad democrática y se sometan a supervisión de un órgano independiente”.

“Si bien es cierto que la prevención y persecución del delito son fines legítimos que el Estado puede trazarse, esos propósitos no se pueden conseguir a cualquier costo”, dice parte del informe agregando que el Estado está en deuda con esta materia.

El problema con esas medidas es que la cantidad de información y datos que agrupan y acumulan “básicamente pueden reconstruir los patrones de vida de las personas”. Vale decir, este tipo de medidas, efectivamente puede evidenciar algún tipo ilícito, pero ojo, también podría documentar actitudes normales de los ciudadanos. Ese es el peligro y lo que pone en cuestión finalmente el informe.

Existe poca conciencia de la importancia del tema, por lo que se se juega muy rápidamente con la idea de que para combatir el delito se puede echar mano a cualquier cosa.

Cada vez, lamentablemente, estamos cayendo en un Estado de vigilancia, sometiendo no sólo a los sospechosos, sino que todos los vecinos de la comuna a que sean vigilados.

Un tema que hay que tener en consideración, tomando en cuenta la nula legislación sobre el tema. Más que mal, no hay que olvidar que globos y drones a nivel internacional son utilizados para la guerra, mientras que acá se están aplicando para el combate de delitos menores. ¿El fin justicia los medios? Ojalá que no.